Reforma en seguridad o Ley maldita 2.0.

Nos llama particularmente la atención que medios que se presentan como relativamente serios, como Biobío La Radio y Gamba, hablen de una supuesta “célula anarquista del MIR”. Más allá de la intencionalidad de esta denominación, resulta evidente una preocupante falta de cultura e información política, considerando que el MIR tuvo una orientación marxista-leninista, mientras que el anarquismo constituye una tradición política distinta y, en aspectos fundamentales, crítica tanto del marxismo como de las estructuras de partido y del centralismo político.

Por tanto, establecer una relación directa entre ambas corrientes constituye, como mínimo, una asociación políticamente forzada. El problema no es solamente conceptual: este tipo de categorías puede contribuir a construir un relato en el que distintas expresiones de la izquierda radical son introducidas dentro de un mismo marco de “amenaza” o “seguridad”.

Cabe preguntarse entonces si esta confusión responde simplemente a desconocimiento o si termina siendo funcional a una política de seguridad que busca ampliar los márgenes para investigar, vigilar, interceptar y eventualmente perseguir a personas y organizaciones que se declaran abiertamente anarquistas.

En ese sentido, resulta necesario mantener una mirada crítica sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de estas categorías. La historia chilena muestra que la prensa puede convertirse en un elemento relevante en la construcción de discursos que legitiman la vigilancia y la represión de movimientos sociales y políticos considerados contrarios al orden establecido.

La discusión, entonces, no debería centrarse solamente en si corresponde hablar de “célula”, “anarquista” o “del MIR”. El problema de fondo es qué imaginario político se está construyendo cuando se mezclan deliberadamente —o por ignorancia— tradiciones políticas diferentes bajo una misma categoría de amenaza. Sobre todo cuando se esta ad portas de una reforma que da poderes plenipotenciarios al gobernante de turno para vigilar, interceptar comunicaciones y detener sin pruebas a cualquiera que este en el marco del crimen organizado o terrorismo, y como alguien algunas vez definió, el enemigo lo pone el estado y la prensa lo muestra e identifica. Ahí es donde el lenguaje deja de ser una simple cuestión semántica y comienza a tener consecuencias políticas.