Frente a la absolución del exfuncionario que disparó contra Gustavo Gatica y la consolidación de la Ley Nain-Retamal
La absolución del exfuncionario de Carabineros involucrado en las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica constituye un nuevo golpe para quienes luchan por la verdad, la justicia y la reparación frente a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la revuelta de 2019. Más allá del resultado de un caso judicial específico, este fallo se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento de la impunidad estatal y de expansión de las facultades represivas bajo el discurso de la seguridad.
La denominada Ley Nain-Retamal expresa esta tendencia al ampliar la protección jurídica de quienes ejercen el monopolio de la fuerza estatal, reforzando una lógica que privilegia la coerción por sobre el diálogo y la resolución colectiva de los conflictos sociales. Desde una perspectiva libertaria, ello no representa un avance democrático, sino la consolidación de un modelo donde la violencia institucional adquiere mayores márgenes de legitimidad mientras disminuyen los mecanismos efectivos de control social sobre el poder.
El caso de Gustavo Gatica trasciende la tragedia individual. Su historia simboliza el costo humano de una política represiva desplegada contra miles de personas que ejercieron el derecho a la protesta durante el Estallido Social. Cuando quienes sufren graves lesiones encuentran enormes obstáculos para acceder a la justicia, mientras las instituciones fortalecen las prerrogativas de los aparatos armados del Estado, el mensaje que se transmite es profundamente preocupante: la protección del orden prevalece sobre la protección de la vida y la dignidad.
Para nosotrxs, el problema no se reduce a una sentencia o a una ley en particular. La cuestión de fondo es la concentración del poder coercitivo en instituciones que operan con escaso control democrático y cuya función histórica ha sido resguardar un determinado orden social antes que garantizar la justicia para quienes lo cuestionan. La experiencia chilena demuestra que, cuando las demandas por dignidad, derechos sociales y participación emergen desde abajo, la respuesta institucional tiende a privilegiar la criminalización, la militarización y el fortalecimiento de las herramientas represivas.
Frente a ello, reafirmamos que la seguridad no puede construirse sobre la impunidad ni sobre la ampliación permanente de las facultades policiales. La verdadera seguridad nace de comunidades organizadas, de la justicia social, de la igualdad, del apoyo mutuo y del respeto irrestricto a los derechos humanos.
La memoria de quienes fueron asesinados, mutilados, encarcelados o perseguidos durante la revuelta exige mantener viva la demanda por verdad, justicia y reparación. Al mismo tiempo, nos recuerda que la defensa de las libertades públicas no depende únicamente de los tribunales o del Estado, sino también de la capacidad de las comunidades para organizarse, acompañarse y resistir colectivamente frente a cualquier forma de autoritarismo.
Hoy, más que nunca, resulta necesario fortalecer las redes de solidaridad, la organización territorial y la acción directa como herramientas para enfrentar la expansión del poder punitivo y construir formas de convivencia basadas en la cooperación, el apoyo mutuo y la autonomía.
Porque ninguna ley que amplíe la impunidad podrá borrar la memoria de quienes lucharon por dignidad.
Porque la justicia no puede reducirse a la razón de Estado.
Porque la libertad y la solidaridad siguen siendo el horizonte de quienes creen que otro mundo es posible.